Política

El Debate sobre el Estado de Castilla-La Mancha ha llegado a su fin con la votación de un total de 21 resoluciones presentadas por los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Podemos -siete cada uno-, pero sólo Podemos ha sacado adelante dos de ellas con el voto favorable de los socialistas, de manera que ni PSOE ni PP han sido capaces de recabar los apoyos suficientes para ver aprobadas sus respectivas propuestas.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha secundado este martes la ofensiva que ayer lanzó su partido contra los presidentes socialistas, a los que amenazó abiertamente con retirarles el apoyo en la Comunidad Valenciana, Baleares yAragón si finalmente el PSOE permite con su abstención la investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, los ayuntamientos gobernados por candidaturas participadas de Podemos, como los de Madrid o Barcelona, han elevado hoy la voz con un mensaje diferente, reclamando no ser "cartas de cambio ni peones" en esta guerra abierta entre las dos principales fuerzas de izquierdas del país.

La inmensa mayoría de los diputados del Grupo Socialista en el Congreso que han intervenido hoy en la reunión de los 84 diputados socialistas se ha alineado con las tesis defendidas por la Comisión Gestora: la prioridad debe ser evitar las terceras elecciones. Aunque sin defender la mayoría abiertamente la abstención del PSOE para hacer presidente a Mariano Rajoy, es es la única vía que todos ellos admiten que es posible para impedir que vuelva a haber comicios.

10 años de inhabilitación. Es lo que la Fiscalía de Cataluña reclama para el ex presidente Artur Mas por los delitos de desobediencia y prevaricación mientras que rebaja la petición de pena a la ex vicepresidenta Joana Ortega y a la ex consejera de Educación y actual diputada de Junts pel Sí, Irene Rigau, a nueve años de inahbilitación a cada una para ejercer cargo público.

El PSOE ha cambiado su dirección de forma traumática. Pero, en principio, no va a variar su postura sobre la investidura de Mariano Rajoy. El ex secretario general socialista, Pedro Sánchez, defendió hasta el final el «no es no» a Rajoy y al PP. Y la mayoría de los barones del partido, incluidos los que fueron críticos con él, están en una posición similar, al menos hoy, como confirmó este diario.

Pedro Sánchez ha dimitido después de que el Comité Federal del PSOE votara a mano alzada su propuesta para realizar un congreso extraordinario, con primarias el 23 de octubre. La votación se ha producido por llamamiento y de uno en uno con este resultado: 133 votos en contra y 109 a favor. Sánchez ha perdido por 24 votos. "Para mí ha sido un orgullo y presento mi dimisión. Ha sido un honor", ha asegurado.

Solo el comité federal puede dirimir quién tiene el poder en el PSOE hasta la celebración de un próximo congreso. La discrepancia es radical entre los dos sectores respecto a cuándo se tiene que celebrar. Pedro Sánchez quiere que los 300 miembros del comité voten este viernes su propuesta de celebrar un congreso dentro de tres semanas, en un proceso que él mismo dirigiría. Los críticos defienden que ese órgano debe elegir una gestora que se haga cargo del partido hasta la celebración de un cónclave en varios meses. Los opuestos a Sánchez no reconocen su autoridad como secretario general ni consideran válida la ejecutiva, a la que este jueves han asistido 16 de los 18 miembros que no dimitieron el miércoles. 

La Ejecutiva del PSOE -que medio partido no reconoce- ha convocado para el sábado el Comité Federal para que a su vez convoque un Congreso Federal extraordinario, que se celebrará a mediados de noviembre. La intención de Pedro Sánchez y los 15 miembros de la dirección que no han dimitido es que el 23 de octubre, los casi 190.000 militantes del partido puedan elegir a su nuevo secretario general en votación directa y secreta.

Los críticos con Pedro Sánchez han decidido este miércoles cortar por lo sano de la manera más expeditiva provocando ladimisión de 17 miembros de la ejecutiva federal del PSOE.Los encargados de presentar las firmas de quienes se han dado de baja han sido el andaluz Antonio Pradas, secretario de Política Territorial, y Eva Matarín, secretaria de Inmigración.