El Ministerio Público ha presentado ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) su petición de pena para los tres procesados por organizar el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014 pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. Tal y como ya apuntaba en escritos anteriores, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled, han decidido no acusar a los procesados de malversación de fondos públicospor lo que no reclaman penas de prisión.

En este sentido, la Fiscalía sigue con su argumento de que Mas, Rigau y Ortega «pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no fue así» y consideran «evidente, patente, flagrante y clamorosa» la conducta de los acusados ya que «convirtieron irrazonablemente su voluntad en aparente fuente de normatividad». Además, creen que los procesados "conocieron y comprendieron perfectamente el contenido y efectos» de la providencia del Constitucional del 4 de noviembre que obligaba a suspender la consulta, ya que era «clara e inequívoca» y, pese a ello, «resueltamente decidieron no acatarla». «El presidente de la Generalitat, puesto de acuerdo con el resto de investigados, consciente e intencionalmente resolvió no atender el mandato y no sólo no dejó de truncar las actividades jurídico-administrativas en curso sino que excitó su continuación furtiva», destacaba la Fiscalía en un escrito presentado hace unas semanas.