Además de la flagrante desobediencia a la ley que supone plantear la secesión sin respetar la soberanía nacional, lo más surrealista del proyecto independentista de la Generalitat es pretender ejecutarlo pese a la grave situación económica que arrastra la Administración catalana. Para ello, Puigdemont y sus socios no dudan en recurrir a los mecanismos del Estado para auxiliar a las comunidades autónomas, mientras destina ingentes cantidades a alimentar la utopía separatista. Este doble juego, cínico e irresponsable, ha vuelto a ponerse de manifiesto en las últimas horas, tras la presentación del proyecto de ley de los presupuestos de la Generalitat para 2017.

De los 172.374 millones de ayuda financiera desde 2012, 53.307 han sido para Cataluña