viernes, 29 de marzo de 2024 11:22h.

Independentismo al rojo vivo

El gobierno de Cataluña sigue sin aclarar cuanto gasta en independentismo del dinero que recibe del Estado para financiar los servicios básicos

Además de la flagrante desobediencia a la ley que supone plantear la secesión sin respetar la soberanía nacional, lo más surrealista del proyecto independentista de la Generalitat es pretender ejecutarlo pese a la grave situación económica que arrastra la Administración catalana. Para ello, Puigdemont y sus socios no dudan en recurrir a los mecanismos del Estado para auxiliar a las comunidades autónomas, mientras destina ingentes cantidades a alimentar la utopía separatista. Este doble juego, cínico e irresponsable, ha vuelto a ponerse de manifiesto en las últimas horas, tras la presentación del proyecto de ley de los presupuestos de la Generalitat para 2017.

 

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El Gobierno catalán no ha tenido empacho en reservar una partida de casi seis millones de euros para sufragar la consulta sobre la independencia, que prevé celebrar en septiembre y que forma parte del peaje con el que Junts pel Sí espera conseguir el apoyo de la CUP a las cuentas públicas. La oposición ya está estudiando la posibilidad de impugnar los Presupuestos por incluir una medida cuya ilegalidad es evidente. Por ello, resulta especialmente grave que la Generalitat movilice recursos en esta materia mientras la deuda incrementa progresivamente. En 2017, está previsto que alcance los 77.000 millones de euros, así que el Ejecutivo catalán necesitará otros 7.000 millones procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica. Esta cantidad que se sumará a los 40.000 millones que el Gobierno ha inyectado al Govern desde 2012, con el objetivo de refinanciar la deuda vencida, financiar el déficit y hacer frente al pago a los proveedores. La Generalitat, pues, se ha acostumbrado a vivir gracias a la respiración asistida del Estado porque, de otra forma, se hundiría en la quiebra y no podría abonar ni las nóminas de los empleados públicos ni a sus proveedores. Y nadie discute que Cataluña tiene derecho, como cualquier otra autonomía, a acceder a estos mecanismos de financiación. Lo que resulta inadmisible es hacerlo mientras violenta la legislación y agita la quimera de la independencia.

Basta repasar los principales datos para certificar la desastrosa gestión económica de las fuerzas soberanistas. El déficit público de Cataluña cerró el pasado ejercicio en el 2,7% -el más alto de todas las comunidades- y la deuda pública se disparó hasta el 370% del PIB, lo que ha llevado a las agencias a hundir su calificación hasta niveles equiparables a los de países como Nigeria o Bangladesh. A ello hay que añadir que propio Junqueras ha reconocido que Cataluña incumplirá el objetivo de déficit este año y que mantiene las partidas destinadas a crear las denominadas "estructuras de Estado". La Generalitat destinará el próximo año más de 18 millones de euros a "relaciones exteriores" -incluida la creación de diez embajadas nuevas- y casi 58 millones al desarrollo de la Agencia Tributaria catalana.

Todo ello no le impide a Puigdemont volver a exigir a Rajoy un diálogo "bilateral" y "sin condiciones". Nuevamente, el presidente catalán confunde la negociación con el chantaje político. Entre otras razones, porque sabe perfectamente que el presidente del Gobierno no debe tratar de igual a igual a quien en realidad es el máximo representante del Estado en Cataluña;ni tampoco puede cuajar un diálogo franco -pese a la permanente disposición de Rajoy- mientras el Govern no descarte un nuevo referéndum.

La irresponsabilidad de la Generalitat ha llegado tan lejos, tanto en lo que se refiere al desafío soberanista como a su falta de seriedad en la labor económica, que exige una reacción firme y proporcional por parte del Estado.

Sin salirse ni un milímetro de lo que fija la ley, el Gobierno debe activar todos los mecanismos legales a su alcance para fiscalizar la política económica de la Generalitat, de tal manera que los ciudadanos conozcan al detalle el destino de las sumas de dinero que recibe Cataluña del Estado. Ya no caben dilaciones, ni ambigüedades ante una deslealtad institucional que redunda en insolidaria y perniciosa no sólo para los ciudadanos catalanes, sino para los del conjunto de la Nación.