Sin embargo, en su acuerdo de principios faltaría la cuarta columna. Podemos rechaza entrar en la partida: la formación de Pablo Iglesias apuesta por la demolición del texto del 78 y por abrir un «proceso constituyente», es decir, redactar «un nuevo articulado» que alumbre otra ley fundamental en la que se recojan «las demandas de la mayoría social».

La formación de Pablo Iglesias es la tercera del Congreso, pero con sus 71 diputados tiene fuerza para exigir someter a referéndum cualquier acuerdo de revisión del texto constitucional pactado por todos los demás partidos y aun cuando no afecte a las partes esenciales del mismo. Basta que lo demanden 35 diputados, es decir, un 10% de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras en los 15 días siguientes a su aprobación.

Podemos, hoy por hoy, no tiene ninguna duda de que llegado el caso utilizará esta prerrogativa a fin de que cualquier modificación sea votada por los ciudadanos. Iglesias, ayer, mediante un vídeo, advirtió de ello en un intento de exhibir su potencia parlamentaria.

No obstante, el aviso es en puridad intrascendente, porque a la vista de las diferentes aspiraciones de cambio que manejan unos y otros no hay duda de que la revisión acabaría afectando a alguna de las llamadas partes «blindadas» de la Carta Magna, lo que inevitablemente implicaría la disolución de las Cortes, la celebración de elecciones, la aprobación del texto por el nuevo Parlamento y el sometimiento del mismo a referéndum para su ratificación por parte de la ciudadanía.

Para el partido de Iglesias es imprescindible llevar «a las calles» el debate acerca de la necesidad de contar con una nueva Constitución, en tanto que para PP, PSOE y Ciudadanos el método apropiado debe desarrollarse en el marco de la democracia representativa y en sede parlamentaria.

Los tres coinciden en que, además, es necesario trabar previamente un consenso mínimo que delimite los objetivos del cambio que, en ningún caso, incluiría los aspectos nucleares del texto actual: unidad de España, soberanía nacional, igualdad entre españoles y forma política del Estado.

Renuncia a tomar la iniciativa

Mariano Rajoy ya no se opone a hablar de la posible reforma, principalmente porque no cuenta con la mayoría absoluta que le permitió frenarla en la décima legislatura. Ahora la situación es distinta y, ante la decisión del PSOE de proponer la apertura en el Congreso de una subcomisión de estudio para la revisión constitucional, ha optado por plantear los mimbres mínimos que considera necesarios para que el proyecto no acabe en un fiasco: contar desde el principio con un objetivo claro, o lo que es lo mismo, definir «lo que se quiere cambiar y lo que se debe preservar» y calibrar, además, «aproximadamente» cuál será el nivel de consenso final.

Él, por el momento, y puesto que la idea de embarcarse en una revisión de la Constitución no le gusta, renuncia a tomar la iniciativa. Por eso cuando se le pregunta qué aspectos sometería él a revisión, prefiere no contestar. Y no oculta, tampoco, que tras lo ocurrido en Italia la perspectiva de convocar un referéndum le resulta como mínimo preocupante.

Rajoy cree que la Constitución del 78 es buena y recuerda el amplísimo respaldo que obtuvo entre los españoles. Su temor es que un texto reformado no suscite ni de lejos el mismo apoyo y ponga además de manifiesto una división clara de voto entre territorios.

Buscar consensos

Para el presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, es importante buscar consensos antes de llevar al Congreso la creación de una subcomisión de reforma de la Carta Magna. Fernández hizo ayer especial hincapié en que la aspiración del PSOE es de «reforma, no de cambio», y ésa, dijo, es la mejor vía para «fortalecerla». El líder interino del PSOE no precisó en qué momento su grupo registrará la propuesta en el Congreso, pero sí afirmó que no hay por qué aguardar a que el partido elija una nueva dirección.

El otro punto en el que existe coincidencia entre Fernández y Rajoy es el que se refiere a la necesidad de preservar la unidad y la soberanía nacional. «Un concepto tiene que tener un significado y el significado de nación», dijo, «no incorpora otro que el que establece el artículo 2 de la Constitución, que nosotros», recalcó, «no planteamos cambiar». Para el presidente de la Gestora «hay una sola nación, que es la nación soberana».

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó «valentía» y «responsabilidad» para empezar a buscar el consenso necesario. Él también rechazó el concepto de España como «nación de naciones» y coincidió en que para empezar a trabajar sería necesario previamente establecer el «perímetro» de la reforma que se persigue.