Descartado desde el pasado 28 de el sobreseimiento de la causa solicitado por las defensas, la apertura del juicio oral confirma las acusaciones por un delito de desobediecencia muy grave y de prevaricación administrativa contra Artur Mas en concepto de autor material, y contra las exconsejeras Ortega y Rigau como cooperadoras necesarias. Por estos delitos afrontan penas de inahibiltación para ejercer cargos públicos.

Tal y como ya se había apuntado, el TSJC descarta la acusación por un delito de malversación de caudales públicos, como solicitó la acusación popular, la única que habría comportado penas de prisión. Contra este último hecho cabe aún la posibilidad de presentar recurso, no contra la apertura del juicio oral. Una vez resuelto faltará únicamente fijar fecha.

El auto del juez es contundente al señalar que el acusado Artur Mas, auxiliado por Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs -cuya causa se sigue en elTribunal Supremo dada su condición de aforado- "articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional" de la consulta.

Del mismo modo, prosigue, Mas, "amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, actuando con plena conciencia y voluntad, se abstuvo de suspender oficialmente la convocatoria que él mismo había efectuado, incumpliendo la obligación que como convocante le atañía a raíz del mandato del TC", que le obligaba a suspender la consulta.

«Enmascarar»

En su escrito, el TSJC desmonta la estrategia empleada por los acusados, que, asegura, "eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del TC", procediendo a una estrategia para "enmascarar" los preparativos de la consulta. "Para lograrlo los acusados decidieron generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así".

El auto añad que "de este modo, la utilización de instrumentos y procedimientos públicos, lejos de ser interrumpida, continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que de cara al exterior la apariencia fuera la de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios".

.