El bloqueo político, que se alarga ya nueve meses, amenaza con provocar graves consecuencias para el funcionamiento de la economía española, un peligro que ha terminado provocando un acercamiento discreto entre los dos principales partidos del país. Según ha podido saber EL MUNDO, el Gobierno en funciones y el PSOEhan iniciado una negociación para alcanzar acuerdos con medidas económicas urgentes, sobre todo en previsión de que finalmente se convoquen unas terceras elecciones generales y la situación de interinidad del Ejecutivo se prolongue aún más. La suavización del ajuste para las comunidades autónomas, el endurecimiento de lmpuesto de Sociedades y un cambio legal para abortar el riesgo de parálisis de la CNMV forman parte de las conversaciones.

El director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal, está promoviendo estas conversaciones, en las que el PSOE exige que participen también Ciudadanos y Podemos para que no se perciba como un acuerdo bipartidista.

«Tenemos disposición a alcanzar acuerdos en estos temas tan importantes para la economía española, pero para nosotros la implicación de Ciudadanos y Podemos es una cuestión muy importante y así se lo hemos hecho saber al Gobierno», aseguran fuentes de la dirección socialista en Ferraz.

Desde el equipo económico de Ciudadanos confirman a este diario que Álvaro Nadal se ha puesto ya en contacto con la formación de Albert Rivera para intentar un acuerdo en varios frentes considerados de interés de Estado.

Las conversaciones no se han traducido aún en borradores de decretos o nuevas leyes y, según fuentes socialistas, el Gobierno no parece aún tener una posición clara sobre en qué términos quiere alcanzar los acuerdos. Hasta ahora se ha limitado a enunciarlos y a sondear posibilidades de recabar apoyos parlamentarios.

Los posibles pactos son los tres citados sobre las comunidades autónomas, el Impuesto de Sociedades y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero pueden ampliarse también a la actualización de las pensiones para el próximo año, aunque el Gobierno dice encontrarse a la espera de informes jurídicos concluyentes sobre si puede hacerlo estando en funciones.

1. MENOS AJUSTE EN CCAA

La falta de un Gobierno plenamente operativo está provocando una situación muy delicada en las arcas autonómicas. Si no hay cambios legales urgentes, las comunidades tendrán que reducir el déficit este año al 0,3% con respecto al Producto Interior Bruto y deberán elaborar presupuestos obligados a bajarlo al 0,1% en 2017. Sería un ajuste mucho más duro del previsto y, además, supondría no beneficiarse de la nueva senda suavizada concedida por Bruselas al Estado. La consecuencia sería un incumplimiento masivo de las comunidades lo que, teóricamente, las dejaría fuera de la lista de elegibles para recibir el rescate estatal, el llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Es decir, o ajuste duro o una pesadilla de incumplimiento con pérdida de financiación.

Los presidentes de los gobiernos autonómicos socialistas, encabezados por la andaluza Susana Díaz o el valenciano Ximo Puig, tienen gran interés en que se alcance este acuerdo en el Parlamento. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró en el Congreso la semana pasada que la voluntad del Gobierno es ofrecer flexibilidad a las comunidades autónomas, pero para ello es necesario nada menos que la reforma de una ley orgánica, la de Estabilidad Presupuestaria. Sería necesario incluir en ella que un Gobierno en funciones pueda marcar un techo de gasto y una nueva senda de déficit en circunstancias excepcionales como las actuales. Acto seguido sería necesario convocar de urgencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a Hacienda y a los gobiernos autonómicos.

Consejeros socialistas de Hacienda consultados son partidarios de un acuerdo que les permita elaborar presupuestos para 2017 con una senda más realista. Fuentes de la dirección socialista en Ferraz confirman «buena disposición» para resolver este asunto, pero urgen al Gobierno a agilizar las conversaciones. En Ciudadanos sostienen la misma posición.

2. APLACAR A BRUSELAS

El Gobierno ultima un Real Decreto Ley para endurecer el Impuesto de Sociedades, de modo que las grandes empresas anticipen más dinero a Hacienda que hasta ahora. Esta fórmula permitiría al Estado ingresar 6.000 millones más y De Guindos la considera esencial para que la Comisión Europea no proceda a partir del 15 de octubre a suspender 1.135 millones en fondos estructurales. Las fuentes del PSOE consultadas consideran factible un acuerdo con el Gobierno en este capítulo, puesto que en su propio programa electoral tenían previsto endurecer los impuestos a las empresas. El portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, declaró ayer por su parte a Efe que su formación está aguardando a que el Ministerio de Hacienda les remita «borradores» de este Real Decreto Ley para confirmar si votará a favor.

3. DESBLOQUEAR LA CNMV

Una consecuencia de la falta de un Gobierno operativo es que la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, y la vicepresidenta, Lourdes Centeno, cesan en sus cargos el próximo día 6 y no está previsto legalmente que puedan continuar en funciones. Su marcha supone desmantelar la comisión ejecutiva de la CNMV al no haber quórum suficiente. Eso implica no poder aprobar folletos de salidas a Bolsa, entre otras medidas, y según De Guindos «paralizar el mercado de capitales en España». Moncloa busca fórmulas legales para, al menos, asegurar que haya quórum en la Ejecutiva de la CNMV y quiere el apoyo del PSOE.

4. ¿SUBIDA DE PENSIONES?

La subida del 0,25% de las pensiones en 2017 es otra medida económica que puede ser acordada por el Gobierno en funciones y el PSOE, pero en este caso la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se declara a la espera de dictámenes jurídicos concluyentes. La cuestión es que esta medida va siempre ligada a la tramitación en el Parlamento del proyecto de Presupuestos, lo cual es legalmente imposible para un Gobierno en funciones. La vicepresidenta descartó antes del verano que un Ejecutivo en funciones pudiera plantear tal actualización, pero actualmente ha abierto la puerta tras encargar informes jurídicos. Lo que es aún más complicado es aprobar una subida del sueldo de los funcionarios para 2017 en esta situación.