La Razón

La posición de Unidos Podemos "es unánime", ha explicado la portavoz adjunta del grupo confederal, Ione Belarra, "independientemente de quien individualmente ha firmado o no el manifiesto". Y esa postura no es otra que denunciar que se ha "calificado de terrorismo" lo que consideran que fue "una pelea de bar".

"No está siendo un juicio proporcional a los hechos que ocurrieron. Creo que eso es un consenso muy amplio tanto dentro de la sociedad navarra y vasca como del conjunto del Estado", ha asegurado Belarra, antes de mostrar su apoyo a los familiares de los imputados "que están en la cárcel", con los que se han reunido este miércoles en el Congreso junto a otros grupos como ERC, PNV, PDeCAT o Bildu.

"Esto es un gesto más apoyando a los familiares de las víctimas, de las personas detenidas, que como decía están siendo sometidas a una política excepcional que al final no es adecuada a los hechos que se produjeron esa noche", ha señalado.

Así, ha asegurado que su formación se solidariza "con todas las víctimas", tanto con los guardias civiles y sus parejas que "son víctimas porque han sido víctimas de la agresión", como con las personas "que están viéndose sometidas a un procedimiento judicial injusto y desproporcionado". "También son víctimas", ha enfatizado.

"Nosotros hemos firmado manifiestos y declaraciones en ambos sentido porque nosotros estamos en contra de cualquier forma de violencia. Además, no tenemos ningún reparo en señalar que estamos con todas las víctimas y contra todas la formas de violencia", ha remachado.

Con el apoyo de ERC, PNV, PDECAT Y BILDU

En el comunicado, que han suscrito un total de 74 diputados y 14 senadores de Podemos, En Comú, En Marea, IU, Compromís, ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu, sus impulsores muestran su "preocupación por la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo". "La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger", denuncian.

Además, aseguran que a los imputados "se les ha negado el derecho al Juez natural" y garantías procesales como el derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad o no arbitrariedad "han quedado en entredicho".