viernes, 19 de abril de 2024 15:02h.

Comienza el juicio por las 'tarjetas black' de Caja Madrid

La vista oral por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, opacas al fisco, sienta en el banquillo a los presuntos muñidores de esta fórmula de retribución "irregular" para gastos puramente personales

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En el juicio se dirime su responsabilidad penal por apropiación indebida y administración desleal.

A las 11:11 horas, con más de una hora de retraso sobre la hora prevista, ha comenzado un juicio económico que, acabe como acabe, supone un duro castigo mediático a los excesos cometidos por una generación de banqueros en los años del boom crediticio. Se está celebrando en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

La vista oral por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, opacas al fisco, sienta en el banquillo a los presuntos muñidores de esta fórmula de retribución "irregular" para gastos puramente personales, según el juez. Se trata del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, para quien el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón pide seis años de prisión mayor;su mano derecha y exdirector financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj; y el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que consintió y permitió la emisión de nuevas tarjetas, según los escritos de acusación. El exdirector gerente del FMI se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel. Los tres han devuelto el dinero con la intención de suavizar los cargos por reparación de daño.

Los acusados han comenzado a llegar a la sede judicial a partir de las 08:30 horas, y entre los más madrugadores estaba Blesa, que ha llegado a las 09:10.

Media hora más tarde lo hacía Rato, y entre medias lo han hecho el expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, el exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella, o el expresidente de Viajes Marsans, Gerardo Diaz Ferrán, trasladado desde la cárcel de soto del Real en un furgón de la Guardia Civil.

Las acusaciones consideran acreditado que estas tarjetas utilizadas en total por 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia durante años no estaban aprobadas por ningún órgano de control, carecían de respaldo contractual y eran opacas al fisco, se utilizaron exclusivamente para gastos personales (compra de artículos de lujo, viajes familiares, cenas en restaurantes, etc.) e incluso para extraer cantidades regulares del cajero automático. Su uso continuó en algún caso después de abandonar estas entidades.

Los abogados de los principales encausados (entre ellos Javier López Madrid, exconsejero de OHL y yerno de Villar Mir) han tratado sin éxito de limitar su presencia en el juicio a las jornadas de interrogatorios, como sucedió en la vista por el caso Nóos. Sin embargo, el tribunal no ha hecho ninguna excepción en esta vista oral.

De la larga lista de testigos destacan dos nombres. El primero es Jaime Terceiro (actual consejero de Bankinter), a quien los acusados intentarán derivar responsabilidades, porque fue quien instauró en Caja Madrid este esquema de retribución, pero para uso representativo. Sin embargo, según sostiene el fiscal, fue Blesa quien vició este sistema ampliándolo a gastos personales, elevando el límite mensual y permitiendo la retirada de dinero en cajeros.

Un testimonio clave para demostrar que los usuarios de las tarjetas eran conscientes de que estaban actuando mal es el de Francisco Verdú, nombrado consejero delegado de Bankia por Rodrigo Rato. Durante la instrucción, Verdú explicó que rechazó este complemento, porque ya contaba con una tarjeta del banco para gastos de representación y porque esta fórmula de retribución no la había visto nunca en otras entidades financieras.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente actual de Bankia, no ha sido llamado a declarar.

Origen

El caso se inició a finales de 2013 a raíz de unos correos descubiertos por el juez Elpidio Silva entre una montaña de información. Una empleada de Bankia, al leerlos, aportó más datos a Auditoría Interna y eso desembocó en una amplia investigación.

Bankia trasladó su resultado al Frob, que a su vez se lo mandó a la Fiscalía Anticorrupción, que apreció indicios de delito penal e inició la causa, según adelantó EXPANSIÓN el 1 de octubre de 2014