Iberoamerica/Arnaldo Musa En estos meses se ha acentuado la represión militar a los indígenas mapuches que luchan por la devolución de sus tierras en Chile y Argentina, donde, respectivamente, el gobierno de Michelle Bachelet fue totalmente bloqueado en sus gestiones para buscar una solución, y el de Mauricio Macri se burló del reclamo y entronizó la ocupación de la oligarquía nacional y las transnacionales en las regiones reclamadas por la comunidad.

Pero al margen de lo que dejan hacer o no al actual gobierno chileno, ya en sus postrimerías, la fuerza pública de ambas naciones reciben el apoyo judicial para reprimir y criminalizar las protestas, que aumentaron significativamente, luego de la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado, quien había sido detenido por la policía argentina durante un allanamiento a una comunidad mapuche.

Precisamente, Macri, durante la visita que le hizo el cantante Bono, interesado por Maldonado, prometió que este caso sería atendido, pero al mismo tiempo elementos de su partido Cambiemos utilizaron las redes sociales para sembrar notas falsas al respecto, eludiendo la responsabilidad oficial y situándola en la oposición, con ayuda de dos periodistas de la Telele visión Nacional, Radio Mitre y la empresa Clarín. 

Lo cierto es que Maldonado fue un fuerte defensor de la etnia mapuche en Argentina, y este caso, junto al del arresto del líder indígena Facundo Jones Huala, devolvieron el tema de la resistencia del pueblo originario a la actualidad de la nación suramericana.

CIUDADANOS DE POCA CATEGORÍA

Las sociedades mapuches de Araucanía (Chile)  y la Patagonia (Argentina) se mantuvieron independientes hasta la ocupación de la región chilena (1860-1880) y la conquista del desierto en Argentina (1870). Desde ese entonces, los mapuches se volvieron ciudadanos de los respectivos estados.

En Chile, reclaman, además de la recuperación de tierras ancestrales, la autonomía jurisdiccional y  beneficios económicos y sociales de identidad cultural.

Para el especialista chileno en temas mapuches Venancio Coñuepan, lo que la etnia quiere es libertad económica, política y cultural, para lo cual es necesario un reconocimiento constitucional.

Esos derechos de propiedad de tierras reclamados por las comunidades mapuches en Chile, se pueden comprobar con cuestiones referentes a la ocupación de Araucanía a fines del siglo 19, cuando  chilenos y extranjeros adquirieron tierras en esa región, expulsando a sus dueños o poniéndolos a su servicio.

En Argentina, la historia es más complicada, pero tiene igual tinte de represión, y el núcleo del conflicto es el no reconocimiento por el Estado argentino de la posesión ancestral de las tierras y del principio internacional de la autodeterminación de los pueblos.

Macri ha subrayado que no permitirá una república autónoma en Argentina, y se deshizo en elogio a lo que llamó la buena participación de la compañía Benetton en la explotación de las tierras mapuches.

Allí, el mandatario se ha entrevistado repetidamente con dueños de la compañía y recibió en una ocasión a Barack Obama, cuando este era todavía presidente de Estados Unidos.

Desde su prisión, el encarcelado líder indígena Huala Jones subrayó que la  historia de la empresa Benetton en estas tierras es la historia de la conquista del Desierto de la Patagonia que, una vez finalizada, se decidió devolver el financiamiento del imperialismo británico con el reparto de tierras a gran escala.

“Mediante la asociación de aquellos estancieros iniciales se dio nacimiento a la Compañía, la cual, a su vez, con el paso de los años, pasó por varias manos hasta que finalmente fue adquirida por los Benetton en 1992”, dijo.

El líder indígena afirmó que la resistencia mapuche en Argentina se ha organizado “desde la pobreza, la discriminación y la violencia del Estado desde donde emerge una generación de jóvenes militantes que empieza a organizar la lucha, una resistencia que responde a la violencia histórica del Estado argentino”. 

En Chile, ocurre algo similar, a pesar de una brutalidad de los muy vigentes herederos del pinochetismo, quiñes aplican a diestra y sinestro la ley antiterritra para criminalizar las acciones de los activistas mapuches y silenciar su derecho a disentir.