16:45h. Viernes, 21 de Septiembre de 2018

Junqueras y siete miembros del Govern a prisión. Puigdemont pendiente de una busca y captura

La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado este jueves, como ha pedido previamente la Fiscalía, prisión incondicional para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y los otros siete exconsellers que han comparecido ante ella.

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España/Agencias El Ministerio Público ha formulado esta petición atendiendo a la gravedad de los delitos que se le imputan a los exmiembros del Govern por participar en la declaración unilateral de independencia aprobada el pasado viernes en el Parlament de Cataluña. Todos ellos se han limitado a responder a las preguntas de su abogado, a excepción del exconseller de Empresa Santi Vila que también ha respondido a la Fiscalía.

De los 14 citados por la juez Lamela, nueve han sido los que se han trasladado a la Audiencia Nacional y otros cinco -entre ellos el presidente cesado Carles Puigdemont- se han quedado en Bélgica, a donde viajaron el pasado fin de semana. Se les investiga por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Alegato de los acusados

Según informan fuentes presentes en las declaraciones, los abogados de los exconsellers les han preguntado acerca de si hubo violencia en su actuación o les consta que haya existido durante la defensa del denominado 'procès' independentista. Estas preguntas pretenderían demostrar que no cometieron delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel.

Vila, posible candidato del PDeCat a la Presidencia de la Generalitat, ha matizado ante la magistrada que estuvo al lado de Puigdemont en todo momento y que abogó por el diálogo hasta el final. Hace siete días presentó su dimisión ante la negativa de Puigdemont a convocar elecciones.

Pasadas las doce del mediodía ha comenzado una vistilla conjunta tras la cual la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional decidirá las medidas cautelares a adoptar contra los investigados a tenor de la petición formulada por los fiscales del caso, Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira.

En el auto del pasado martes por el cual admitía a trámite la querella del Ministerio Público, Lamela dijo que existían factores para determinar la necesidad "de adoptar medidas cautelares de carácter real" ante la "gravedad y complejidad de los hechos aparentemente delictivos en este proceso", que, tal y como expone la Fiscalía en su querella, se remonta al 9 de noviembre de 2015, cuando arrancó el plan independentista en el Parlament.

El primero en llegar a la Audiencia Nacional ha sido Oriol Junqueras; tras él han llegado Raúl Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Borràs (Gobernación). El último en hacerlo ha sido Vila, que a diferencia del resto, no ha recibido los aplausos ni la ovación de los miembros del PdeCat que les esperaban a la entrada de las dependencias judiciales.

Los exconsellers en Bélgica

Quienes no han acudido este martes a la Audiencia Nacional han sido el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros: Lluís Puig (exresponsable de Cultura), Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación) y Clara Ponsatí (Educación), después de que anoche anunciaran que permanecerían en Bélgica y no volverían a España para comparecer ante los tribunales. Serret y Comín han solicitado a la Audiencia Nacional declarar por videoconferencia, extremo que el tribunal ha rechazado. La Fiscalía ha pedido euroorden de arresto para ellos.

La incomparecencia de Puigdemont y de cuatro exconsejeros obedece, según señalaron anoche en un comunicado firmado por el "gobierno legítimo de Cataluña", a que consideran ambas actuaciones penales un juicio político "efectuado al dictado del Gobierno del Estado español". Añadían que parte de los consellers comparecerían ante la jueza Carmen Lamela "como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas", mientras que el resto permanecerá en Bruselas para hacer llegar su queja a las instituciones europeas.