15:19h. Viernes, 21 de Septiembre de 2018

El independentismo utiliza el Parlament para consumar la estafa

El desafío está planteado en toda su amplitud. El Parlament, convertido en una chanza de gran intensidad y poca calidad, se ha convertido en un instrumento imprescindible para los propósitos reaccionarios del independentismo catalán. Esperando ahora acontecimientos con la vista puesta en el 1 de Octubre.

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Manuel Marín en ABC/ El golpe de Estado contra la unidad de España está materialmente lanzado. La tramitación por la Mesa de la Cámara de la sediciosa ley de referéndum para su votación exprés con un ilegal margen a la oposición de solo dos horas para presentar enmiendas es por sí misma un acto administrativo que en cuestión de horas debe quedar anulado, o suspendido, por el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, cualquier votación que se celebre será ilegal. Un acto nulo sin consecuencia jurídica alguna.

Sin embargo, políticamente es extremadamente grave y relevante. El desprecio al llamamiento de la oposición para alterar racionalmente el orden del día, y el desprecio añadido a las advertencias de ilegalidad flagrante hecha por los servicios jurídicos y letrados de la Cámara catalana poco importa a quienes están haciendo durante este día ostentación de una rebeldía falsamente orgullosa. Poner en jaque al funcionariado catalán obligándole a pervertir la ley para justificar una ensoñación identitariapodrá acarrear consecuencias penales para quienes sean cómplices o cooperadores necesarios de semejante disparate. La mayoría independentista del Parlamento catalán no solo camina hacia una desobediencia alarmante. Camina hacia una rebeldía contra el Estado de Derecho tal y como fue concebido en 1978 bajo la excusa de la manipulación de la historia y de un «sentimiento» separatista que hurta al resto de los españoles su también legítimo sentimiento de pertenencia a una España unida, o de su amor por Cataluña. La base de todo este dislate reconvertido en un golpe secesionista radica en un orgullo excluyente de catalanismo que pretende privar al resto de España de decidir sobre propio su territorio, su cultura y su historia.

La presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, está encausada ya por desobedecer al Tribunal Constitucional. Lo mismo ocurre con Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs. Si es preciso, la inhabilitación de miembros de la Mesa del Parlamento catalán que tramitan una ilegalidad prevaricadora, a sabiendas de que sus decisiones claramente lo son, respondería a estrictos criterios de legalidad, no de «represión» política.

El Tribunal Constitucional, como el Gobierno de la nación y la oposición, están en guardia. Pero el Parlamento catalán se está convirtiendo en una cita asamblearia para imponer un chantaje y romper nuestro Estado de Derecho, la supremacía de las leyes, la obligatoriedad de cumplirlas y hacerlas cumplir, y en última instancia una rebelión basada en un falso victimismo.

Las triquiñuelas legales no son irrelevantes, pero sí secundarias. Lo más sensible será recomponer los añicos emocionales que esta fractura está causando entre cientos de miles de familias divididas en torno a una obsesión. La ley será inexorable y al Gobierno y a las instituciones españolas no les cabe otra opción que impedir taxativamente la celebración de una consulta que oficialmente sigue sin convocarse porque nadie aún la ha suscrito con su firma. De momento, los condenados por el 9-N deberán responder con su propio patrimonio por el coste económico de aquella consulta trampa de 2014. Su pretensión de golpear al Estado de Derecho se topará con el flujo de caja personal en el bolsillo de los responsables. No tendrán otra opción. La ley, necesariamente, es la ley. Y si no pueden caber excepciones para cualquier español que incurre en un ilícito penal o administrativo, menos aún debe haberlas para quienes se jactan de diseñar un golpe de Estado para fraguar una imposible «república independiente de Cataluña».