11:24h. Miércoles, 11 de diciembre de 2019

El independentismo elige el 1 de octubre para el gran desafio al Estado

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha anunciado este viernes que la fecha del referéndum independentista catalán será el próximo domingo 1 de octubre y que la pregunta de la consulta será: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente con forma de República?".

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Agencias / Lo ha dicho junto al vicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto del Ejecutivo en el Pati dels Tarongers de la Generalitat tras una reunión extraordinaria del Consell Executiu.

Los diputados de JxSí y de la CUP en el Parlament han acudido a la Generalitat para presenciar el anuncio de la fecha y pregunta para consultar a los catalanes sobre su futuro político.

Puigdemont ha explicado que la pregunta del referéndum estará en los tres idiomas oficiales de Cataluña: el catalán, el castellano y el aranés, y ha asegurado que el Govern velará por que esta consulta tenga "todas las garantías" para que sea válida y reconocida.

El presidente catalán ha garantizado que su Govern también se compromete a aplicar el mandato que salga del referéndum y ha concluido: "Toca a los catalanes decidir su futuro. En sus manos está hacerlo posible. La democracia nos une por encima de la discrepancias".

El referéndum deberá responderse con un 'sí' o con un 'no' -respuesta binaria-, y el presidente catalán ha afirmado que las dos opciones son "igual de legítimas y de válidas", aunque él es abiertamente independentista y apueste por el 'sí' sin matices, como el resto de su Ejecutivo.

El presidente se comprometió a que fuera a finales de septiembre, pero el último fin de semana es la fiesta de la Mercè en Barcelona y no quiere hacerla coincidir con la votación.

Puigdemont ha concluido su discurso defendiendo "el derecho de las personas a decidir libremente el futuro de su país', y ha concluido con un 'Visca Catalunya'.

Horas más tarde, el president pedía implicación y apoyo a los ayuntamientos para seguir la vía de la independencia. Puigdemont, ha solicitado a los alcaldes y concejales de Cataluña y en especial a los de su partido (PDeCAT), que estén "activos, movilizados y comprometidos" para colaborar con la celebración de la consulta.

Lo ha dicho en la convención municipalista del PDeCAT, donde ha asegurado que Cataluña se encuentra ante una escenario único para convertirse en Estado, y ha invitado a los alcaldes y a los concejales a no desaprovecharlo, asegurando que él no se echará atrás: "Ahora es la oportunidad. Ahora".

Escenificación pensada

La puesta en escena que ha dispuesto la Generalitat para el anuncio ha sido la de un presidente arropado a derecha e izquierda por los miembros de su Govern y por los diputados de JxSí y la CUP que forman la mayoría independentista del Parlament con 71 diputados de 135.

Un sitio especial -justo al lado y detrás del presidente- ha sido para los cuatro miembros de la Mesa de JxSí que están siendo investigados por la justicia por haber permitido el debate de varias iniciativas soberanistas: Carme Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet.

Con este anuncio, Puigdemont pone rumbo a la celebración de un referéndum unilateral, una vez constatado que el Gobierno central rechaza cualquier negociación.

Puigdemont había asegurado en todo momento que mantendría la puerta abierta a negociar con el Estado "hasta el último minuto de la prórroga", esto es, el último tramo de la legislatura catalana; pero no ha esperado más y ha decidido organizar la consulta por la vía unilateral.

La respuesta del Gobierno central

Horas después de hacerse el anuncio, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha avisado al presidente de la Generalitat y a las instituciones catalanas de que será recurrida "cualquier actuación" que pase del anuncio de referéndum hecho este viernes a los hechos, como se han recurrido "todos los intentos previos de desafiar el ordenamiento jurídico".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz ha calificado el acto de este viernes en la sede Generalitat de Cataluña de "escenificación para disimular la soledad" de sus convocantes. "Sólo están ya los más radicales, que han fracasado en sus intentos de buscar nuevos aliados", ha dicho.

Méndez de Vigo ha censurado también el marco elegido para el anuncio hecho por Puigdemont, la sede del Gobierno de todos los catalanes. "No tienen respeto por la neutralidad política de las instituciones", ha criticado.

Por tanto, es previsible que, una vez se firme el decreto de convocatoria, el Gobierno de Mariano Rajoy active de nuevo la maquinaria judicial para frenar una consulta que, según los sondeos, quieren la mayoría de los catalanes y que ha levantado ampollas en los últimos dos años entre catalanes y españoles.

No está claro qué ocurrirá entonces, pero un documento del Govern publicado el mes pasado por El País recogía que en caso de que el Ejecutivo español impugne la consulta ante al Tribunal Constitucional, el Parlamento catalán, de mayoría secesionista, aprobaría una ley exprés de transitoriedad jurídica para activar un proceso que culmine en dos meses con la declaración de la república catalana.

"Siempre hemos presentado propuestas muy diversas, y todas ellas han sido rechazadas sin excepción o han sido recortadas gravemente", ha dicho Puigdemont en su declaración. "Todo el mundo sabe cuál es el problema real, porque el propio Gobierno español y su presidente lo han dicho: 'no quiero'".

Pese a plantear una "operación diálogo" con Cataluña en su segunda legislatura tras años frenando en los tribunales las iniciativas independentistas, el presidente del Gobierno aduce motivos constitucionales para rechazar una negociación que permita a los catalanes acudir a las urnas, algo que ya hicieron de forma simbólica el 9 de noviembre de 2014.

¿Elecciones anticipadas?

Según una fuente gubernamental, es previsible que de verse cercados por el Constitucional, que tiene potestad para inhabilitar a los dirigentes catalanes, el Gobierno autonómico convoque unas elecciones anticipadas a final de año.

"Pueden anunciar que van a anunciar ese referéndum todas las veces que quieran y retrasarlo cuantas semanas quieran, y convocar cuantos actos quieran, pero ese referéndum no se va a celebrar", dijo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, esta semana a periodistas.

En el último intento de frenar la deriva independentista de la Generalitat, el Gobierno español ha invitado a Puigdemont a defender su plan independentista en el Congreso de los Diputados y abrir así un "cauce democrático" para un eventual referéndum, algo rechazado por el dirigente nacionalista a no ser que tenga el "sí" a un referéndum pactado previamente.

El apoyo a la independencia de Cataluña ha caído en los últimos meses, rechazándola un 48,5% de la ciudadanía catalana, según un sondeo oficial de la Generalitat publicado en marzo, frente a un 45,1% que eran contrarios tres meses antes.

Incertidumbre entre funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha recibido solicitudes por parte de empleados públicos catalanes reclamando información sobre el protocolo previsto ante la posibilidad de que reciban "órdenes fuera de la legalidad por parte de sus superiores".

A través de un comunicado, el sindicato ha informado de las solicitudes remitidas por parte de los funcionarios tras anunciar Puigdemont la fecha y la pregunta del referéndum de independencia.

CSIF asegura haber recibido solicitudes de información en diferentes departamentos, como justicia, prisiones, educación, la Agencia Tributaria e incluso de la propia Generalitat. Además, asegura que tiene "constancia de funcionarios que se han negado a participar en el concurso para la licitación de las urnas que se pretenden usar para el referéndum".

En este sentido, desde el sindicato se va a iniciar una campaña informativa en la que se va a divulgar el protocolo a todos los departamentos de la Administración en esta comunidad autónoma, así como de la Administración General del Estado presente en Cataluña, "teniendo en cuenta la incertidumbre generada tras la filtración de los planes de la Generalitat para los funcionarios".