Hacienda propia, Seguridad social catalana o Poder Judicial para la nueva República son las grandes estructuras de Estado que el Govern de Carles Puigdemont está proyectando en esta legislatura. Estructuras que requieren, ante todo, un elemento básico como es el de ciudadanos a quien prestar servicios o aplicar el poder. Para ello, el Govern está ultimando el instrumento que identificará a los ciudadanos de la nueva república. Un “DNI” que ante todo será una tarjeta de servicios y que su coste podría rondar unos 9 millones de euros.

La premisa de trabajo es elaborar un documento de identificación que a su vez sea una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales. En este sentido, el núcleo que coordina la articulación de la “desconexión”, el Institut d’Estudis de l’Autogovern, que dirige el exvicepresidente del Tribunal Constitucional y expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, tiene entre manos un proyecto “muy avanzado” para integrar en un mismo documento desde el número de identificación fiscal hasta el número de asistencia sanitaria.

“La voluntad es dar a los nuevos ciudadanos el mensaje que con la nueva ciudadanía se reconocen derechos sociales que en otras latitudes están en cuestión”, apuntan fuentes del Govern. Con esta intención, el Govern quiere poner una “red de serenidad” a los ciudadanos y los residentes en Catalunya desde el minuto cero de la desconexión y evidenciar que el cambio de Estado no supone ninguna rebaja de derechos ni de servicios sociales.

Los informes que preparan este “DNI” o “tarjeta ciudadana de acceso a los servicios públicos” calculan que el coste de esta identificación para los nuevos ciudadanos podría rondar los 9 millones de euros. Un presupuesto todavía abierto después de sondear diversas empresas responsables de este tipo de procesos así como la garantía de seguridad en la protección de datos que necesita esta “estructura de Estado”.

La nacionalidad

En la misma carpeta del DNI hay la futura regulación sobre la nacionalidad catalana de manera “provisional” en el momento de la proclamación de laindependencia hasta que la futura Constitución dirima las normas definitivas. La cuestión de la nacionalidad será determinante para poder ostentar un virtual DNI catalán y, políticamente, decidirá quien podría votar en el proceso constituyente.

Los informes del Institut d’Estudis de l’Autogovern parten de la regla de ciudadanía incluida en el Estatut d’Autonomía, según la cual “son ciudadanos catalanes los nacionales españoles con vecindad administrativa en un municipio de Catalunya”.

A este criterio se añaden otros. En primer lugar, aquellos “nacionales españoles residentes en España que hayan nacido o hayan tenido residencia en Catalunya por el tiempo mínimo que se considere oportuno o tengan padre o madre catalanes”.

Y en segundo término, los “nacionales españoles residentes en el extranjero que hayan tenido en Catalunya su última residencia administrativa (o una residencia superior a un tiempo mínimo) y en sus descendientes, si han conservado la nacionalidad española”.

Entre los elementos de trabajo los preparativos del Govern contemplan que la adquisición de la nacionalidad catalana no estará condicionada a la renuncia de la nacionalidad española.