El Govern no emitió ayer ninguna reacción oficial, más allá de comentarios como el del conseller de Justícia, Carles Mundó, que calificó de “gravísimo” que el TC “interfiera en posicionamientos políticos”, y la previsión es que Carles Puigdemont, después de estudiar bien la resolución, se pronuncie hoy en una rueda de prensa que tiene con la presidenta de Baleares, Francina Armengol, en Barcelona. A pesar de ello, la intención de mantener inalterables todos los compromisos está, según fuentes del gabinete catalán, fuera de toda duda, en línea con la posición verbalizada por el presidente de Junts pel Sí, el grupo del Govern en el Parlament, Jordi Turull, que manifestó la “predisposición determinante” de mantener el “compromiso muy claro” de celebrar un referéndum el año 2017 y “no vio motivos” para no llevar a cabo la reunión del día 23. “No nos distraerán”, advirtió.

Y otro tanto hicieron los partidos que integran la coalición soberanista y que son socios del Govern: Francesc Homs, del PDECat, consideró un error y una provocación la decisión y advirtió al Gobierno español de que se está metiendo en un “callejón sin salida” con su “burda” utilización de los tribunales en el conflicto con Catalunya, mientras Gabriel Rufian, de ERC, calificaba al TC de “brazo armado” del Estado para, bajo la presidencia de un “exmilitante del PP, perseguir y amenazar” al pueblo catalán. En una línea muy similar, desde el bloque de los comunes, Xavier Domènech, líder de En Comú Podem, también criticó la decisión y acusó al TC de “querer apagar el fuego con gasolina”, al tiempo que recordaba que el Alto Tribunal ya lleva suspendidas en los últimos mese 32 normas catalanas.

En el polo opuesto, y en nombre del Gobierno central, el presidente Mariano Rajoy señaló ayer: “El Tribunal Constitucional ha hablado pidiendo que se cumpla la ley, que es propio de una democracia avanzada como la nuestra. Hemos ofrecido diálogo y voluntad de entendimiento –añadió–, pero nadie puede esperar que el PP y su presidente se salten la ley en contra de la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles”. A su vez, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hizo una lectura posibilista de la decisión del TC y destacó que esta pone de manifiesto la necesidad de apostar por vías de diálogo y acuerdo y no por la “unilateralidad”. Para el ministro, el alto tribunal ha cumplido con su función y ahora es el turno del Govern de abrirse al diálogo o buscar el apoyo de los “radicales”de la CUP, que “no les van a ayudar”.

La dirigente del PSC y diputada del PSOE, Meritxell Batet, dijo no estar “sorprendida” por la decisión del TC porque la resoluciones judiciales se “deben cumplir” y era una “temeridad” por parte del Parlament hacer “caso omiso” a las indicaciones del tribunal sobre la hoja de ruta independentista. Con todo, la vicepresidenta de la comisión Constitucional del Congreso subrayó que su partido cree que el “problema de fondo” es político, no judicial, y por lo tanto confía en que las “vías políticas”, el diálogo y la negociación, se “abran paso”.

Mientras, para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, la enésima resolución del Constitucional sobre la hoja de ruta independentista demuestra que “la vía de la secesión, de la separación, de la división de los catalanes, es vía muerta, no va a ningún sitio”. Rivera pidió al president Puigdemont que abandone ese camino de “división” e inicie un diálogo con el Gobierno central sobre la mejora de la financiación, infraestructuras y servicios sociales.