"Si la gente de la calle puede hablar de la independencia ¿cómo no pueden hacerlo los parlamentarios?". De esta forma se ha expresado la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en su declaración como imputada por prevaricación y desobediencia. Forcadell ha asegurado que permitir la tramitación y votación de la Mesa del Parlament de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente en el pleno del 27 de julio pasado fue "un acto político" y ha reconocido que esta votación no es legalmente vinculante.

Además ha asegurado que existen dos informes de los servicios jurídicos del Parlament que avalan su decisión de permitir la tramitación y votación en el pleno de las conclusiones de la comisión. También ha destacado que el Tribunal Constitucional no anuló la creación de esta comisión hasta que acabó sus conclusiones y que por eso aceptó su tramitación para que el pleno valorase su inclusión en el orden del día, su debate y posterior votación de esta 'hoja de ruta' soberanista. Forcadell no ha querido declarar a la magistrada instructora del TSJC ni ante el fiscal y sólo respondió durante poco más de 30 minutos a su abogado.

En las 25 preguntas a las que ha respondido, Forcadell ha querido dejar claro que siguió el procedimiento parlamentario en todo momento durante el debate del pleno del 27 de julio y que lo hizo conforme a la ley. También remarcó que la Mesa recibió las conclusiones de la comisión de estudio unos días antes y que como era un expediente cerrado dos grupos parlamentarios le pidieron modificar el orden del día para debatirlas y votarlas.

Fuentes judiciales han explicado que la presidenta habló sobre el informe de los servicios jurídicos que le pasaron poco antes de permitir el debate y votación de las conclusiones de la 'hoja de ruta' y que este documento no cuestionaba que estuviera haciendo un acto ilegal, simplemente que se informase a los diputados que existía un auto del Constitucional suspendiendo las conclusiones. La presidenta ha mantenido que este tribunal anuló la declaración soberanista pero en ningún momento habló de no poder debatir en el Parlament sobre la independencia. Por eso, defendió la libertad de expresión y reconoció que tiene la obligación de defender la inviolabilidad de los diputados igual que afeó a los fiscales y a la juez no proteger la suya ya que la han citado a declarar como imputada.

Forcadell también afirmó ante la magistrada Maria Eugènia Alegret que la 'hoja de ruta' no tiene efectos jurídicos ni es vinculante y que en ningún momento nadie le dijo que no podía llevar la tramitación a la Mesa del Parlament, ya que cree que la decisión del Constitucional suspendía la declaración soberanista del 9-N pero no decía nada de debatir el proceso constituyente. Según fuentes judiciales, la presidenta consideró que la tramitación y votación del 27 de julio era como una adhesión ideológica al independentismo.

Ya, durante una rueda de prensa en el Parlament, Forcadell ha equiparado el juicio en su contra con "un ataque a la democracia y a la libertad de expresión en pleno siglo XXI" al ser la máxima representante de la Cámara catalana y ha advertido al Gobierno de que "ningún tribunal puede impedir que se debata la independencia" de Cataluña.

En una declaración solemne la presidenta del Parlament ha sostenido que, pese al riesgo de ser inhabilitada, "volvería a hacer los mismo". Esto es, permitir un debate sobre la independencia que el Tribunal Constitucional vetó previamente. Tras su declaración en la Audiencia de Barcelona, Forcadell también ha descartado que la aparten del cargo vía inhabilitación. "Sería un ataque inconcebible a la democracia", ha asegurado.

Sobre su declaración ante la juez instructora, Forcadell ha sostenido que su principal argumento ha sido defender el papel del Parlament como lugar "donde se debate lo que interesa a los ciudadanos. El Parlament puede debatir sobre la independencia de Cataluña".

Forcadell ha criticado abiertamente la acción del Estado contra ella, "por ser incapaz de afrontar un debate", y ha denunciado que el Gobierno judicializa la política "para coartar" la acción del Parlament. Sin mencionar ningún país en concreto, ha agradecido también el apoyo de "líderes europeos" que asegura que critican "la peligrosa judicialización" de la política española.

Respaldo político y ciudadano

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consellers, diputados soberanistas y otras figuras como Artur Mas o Lluís Rabell han arropado a la presidenta del Parlament en su procesión hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Sobre las 8.30 horas, los miembros del gobierno de la Generalitat, incluido Puigdemont, han llegado al despacho de audiencias de la presidenta del Parlament, donde ya se reunían diputados de Junts pel Sí (JxSí), además de algunas diputadas de la CUP como Mireia Boya y Eulàlia Reguant.

También han acudido el presidente del grupo de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell, el portavoz del PDECAT en el Congreso, Francesc Homs, los ex presidentes del Parlament Joan Rigol y Ernest Benach y la exconsellera Irene Rigau, investigada por su papel en la organización de la consulta del 9-N de 2014, como la ex vicepresidenta del Govern Joana Ortega, que envió un mensaje de apoyo a Forcadell pero que hoy no ha podido arroparla por problemas de agenda, informa Efe.

Sobre las 8.40 horas, tras hacerse una foto de familia en las escalinatas de la cámara, Forcadell ha salido del Palacio del Parlament encabezando toda la comitiva, para dirigirse a pie hacia el Palacio de Justicia, muy cerca del Parque de la Ciutadella donde se ubica el hemiciclo.

Decenas de alcaldes, con sus varas levantadas, y cargos locales soberanistas la esperaban al grito de "independencia" en la entrada del Parlament para acompañarla hasta la sede del TSJC, donde las entidades soberanistas han convocado una concentración en su apoyo.

En la manifestación abundaban las caras pintadas, estelades y hasta puestos de propaganda secesionista. La concentración no se veía, pero se escuchaba desde el interior de la estación de Arc de Triomf. Lo primero que sorprendía eran las banderas independentistas, las fotos grandes de Forcadell y la gente ataviada con sombreros tuneados. Una enorme comitiva ciudadana -en la que los jóvenes han brillado por su ausencia- ha inundado las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ha ovacionado la llegada de la presidenta del Parlament al grito de "Fora, fora la injusticia española" o "todos somos Forcadell", entre otros.

Rodeada de cámaras y medios de comunicación, Forcadell, ha caminado hasta el TSJC arropada además, por más de 400 alcaldes y representantes de partidos e instituciones independentistas. "Si intentan silenciar a las instituciones catalanas se intenta silenciar a todo un pueblo", ha asegurado la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, quien ha concluido que "Cataluña no lo permitirá". Los congregados no tuvieron que esperar mucho a que Forcadell bajase de nuevo la escalinata, acompañada por su marido, y agradeciese las muestras de apoyo. Antes de disolverse la multitud cantó Els Segadors mientras los organizadores de la protesta guardaban las letras blancas, que formaron la palabra Democracia, para otra ocasión. Será en el próximo "día histórico" del independentismo.

La misma senda que Mas

Forcadell ha seguido la misma senda de Artur Mas. El 15 de octubre de 2015 entonces presidente de la Generalitat convirtió su declaración como imputado en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la enésima demostración de fuerza del soberanismo. A diferencia de otras convocatorias, aquel día tuvo mucha preparación escenográfica: con el paseo desde el Parlament arropado por una comitiva de más de 500 personas, entre los que había 400 alcaldes con sus varas de mando, el Govern en pleno, diputados de Junts Pel Sí y de la CUP además de miembros de otras entidades independentistas. Ante la puerta del Palacio de Justícia se agolparon centenares de incondicionales que no cesaron de gritar contra los tribunales por imputar al president por organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014, pese a que el Tribunal Constitucional la suspendió. Estaba acusado de los delitos de desobediencia y prevaricación, por los que será juzgado el año próximo. Para completar el simbolismo, Mas subió solo las escaleras hacia el TSJC y antes de entrar levantó cuatro dedos -en referencia a las cuatro barras de la senyera- y se tocó con ellos el corazón. Repitió el gesto a su salida de la declaración y cantó 'els Segadors' junto con los cientos de personas que le esperaban.

Más de dos años después, el soberanismo catalán está falto de 'jornadas históricas' para exhibir músculo por lo que ha preparado la misma función para acompañar a otra imputada por no hacer caso al Tribunal Constitucional. La presidenta del Parlament Carme Forcadell debe ha declarado investigada por prevaricación y desobediencia, después de que el TSJC abriese un proceso penal contra ella al aceptar una querella de la Fiscalía. El Ministerio Público consideró que podía existir delito en su decisión de alterar el orden del día del pleno del pasado 27 julio para permitir que se votase, a petición de la CUP y de Junts Pel Sí, las conclusiones de la comisión sobre el proceso constituyente.

En su resolución que confirmaba la investigación, el TSJC considera que la presidenta del Parlament pudo cometer un delito de desobediencia ya que la tramitación de estas conclusiones "constituye un incumplimiento objetivo de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos" del Constitucional, que anuló las declaraciones soberanistas de noviembre de 2015 e impidió expresamente a los miembros de la mesa tramitar propuestas relacionadas con la secesión. Hace unas semanas declararon como testigos el secretario y el letrado mayor del Parlament que reconocieron que antes del pleno de julio habían advertido a los miembros de la mesa de esta cámara, así como a otros diputados de que tramitar la votación de las conclusiones ya podía constituir un posible delito penal, aunque no les hicieron caso y el trámite siguió adelante aprobando una 'hoja de ruta' independentista.