16:07h. Viernes, 21 de Septiembre de 2018

Escalada independentista: el Gobierno de España habla más duro y no descarta ninguna medida

El Ejecutivo endurece el lenguaje al  no descartar ya ninguna medida para frenar el referendum. Soraya Sáenz de Santamaría se ha reunido con Inés Arrimadas en Madrid.

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El País

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, no descartó  ninguna medida para responder al desafío independentista. Preguntado por si el Gobierno barajaba la posibilidad de asumir las competencias de educación para precintar colegios y evitar el referéndum en Cataluña, contestó: “No podemos decir lo que vamos a hacer porque tampoco sabemos realmente qué van a hacer [desde la Generalitat]. El Gobierno será proporcional siempre a las medidas que tomen ellos, eso sí, no permitirá en ningún caso un referéndum. No le puedo decir si vamos a recuperar las competencias sin saber qué van a hacer ellos”.

Bermúdez de Castro negó que el Ejecutivo tuviera un plan preestablecido ante los posibles escenarios que plantee la Generalitat, pero insistió en que el Estado “dispone de los mecanismos necesarios para actuar cada vez que ellos tomen una medida ilegal. Contestaremos a cada paso”. En todo caso, confió en que “no se llegará al punto de que fuercen tanto la máquina como para convocar el referendum.

Mariano Rajoy insistió en los pasillos del congreso en que no habrá tal consulta y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró a Joan Tardà (ERC), durante el pleno, que “la respuesta va a ser el respeto al mayor consenso político y social de toda Cataluña y de España, que es la Constitución”.

Los ministros de Hacienda y de justicia, Cristóbal Montoro y Rafael Catalá, también han sido contundentes en rechazar que la Generalitat pueda dar pasos hacia la consulta o la independencia. Catalá ha recordado que actuaría el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios como ya han hecho hasta ahora, porque “nadie puede actuar contra la ley y la Constitución”.

Para Catalá es "razonable" que cada vez que las instituciones de Catalunya tienen planteamientos sobre la celebración de un referéndum independentista como que "se van a acelerar los calendarios", es recordar algo que, a su juicio, es "evidente en una democracia": quién incumple las normas recibirá la "respuesta que el Estado de Derecho y la Justicia tiene establecida para cada caso".

El Gobierno, en todo caso, no reniega de la estrategia de diálogo abierta esta legislatura. “Llevamos dos meses dedicados a buscar soluciones a las reivindicaciones de Cataluña”, insistió Bermúdez de Castro.

Informe de Ciudadanos

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha opinado que se pueden tomar decisiones políticas para impedir el referéndum antes de recurrir a medidas coercitivas. “No creo que haya que llegar a esa situación. Se puede evitar de una manera mucho más razonable antes”, ha dicho tras centrar su reunión con Sáenz de Santamaría en la mejora de las infraestructuras, los servicios y la financiación de Cataluña. “Tenemos unos Presupuestos que han incluido una partida supuestamente para repetir el 9-N. Presentaremos un recurso al Consejo de garantías estatutarias para que se posicione sobre si eso es legítimo o no”, ha seguido. “No se puede utilizar los recursos públicos de los catalanes para repetir el 9-N y no se puede presionar de nuevo a los funcionarios para que participen”. Y ha recalcado: “Si hay un informe que dice que ese dinero no se puede utilizar, es evidente que hay un precedente que evita o puede evitar que se repita el 9-N”.

Ciudadanos, según fuentes de su grupo parlamentario en Cataluña, presentará su petición de informe ante el Consejo antes del miércoles. Si esta es admitida, el debate sobre los Presupuestos quedará paralizado inmediatamente y se retrasará alrededor de un mes. Aunque el Consejo de garantías estatutarias es un organismo consultivo no vinculante, sus informes tienen un gran peso político. Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña, impugnará las partidas de las cuentas públicas que destinan fondos a una consulta y varias partidas para imprevistos que considera opacas e hipotéticamente utilizables para favorecer el proceso independentista. En total, el montante de las cuentas públicas sobre el que protestará Ciudadanos supera los 300 millones de euros, según fuentes del gabinete de la líder de la oposición en Cataluña.

“El Gobierno y nosotros estamos de acuerdo en que los políticos no podemos saltarnos las leyes”, ha resumido Arrimadas. “También estamos de acuerdo en que Cataluña no necesita un Brexit”, ha seguido. “Y también en que nosotros apostamos por el diálogo sobre las cosas que sí se pueden dialogar, como el sistema de financiación, la infraestructuras y los servicios”.