06:12h. Lunes, 21 de octubre de 2019

Enrocamiento total del independentismo con la ley de ruptura

El bloque independentista sigue adelante hacia el 1 de Octubre. La ley de ruptura con España articula un Estado propio sin ningún tipo de miramiento. Vea aquí sus principales ejes.

IMAGEN
IMAGEN

Entrada en vigor

Solo entrará en vigor si gana el 'sí' en el referéndum previsto para el 1 de octubre, cuya proposición de ley no contempla un mínimo de participación para que sea vinculante. El nuevo marco jurídico se desplegaría "de forma inmediata" para evitar vacíos legales.

Paso previo a la Constitución catalana

Prevé ser la norma suprema hasta la Constitución catalana, lo que puede tardar un año: seis meses de proceso participativo y otros seis meses para celebrar elecciones constituyentes y elaborar y aprobar por mayoría absoluta del pleno la propuesta de texto, que deberá ser ratificado en referéndum y dar paso a nuevas elecciones, ya que entonces se disolverá la Asamblea Constituyente y dejará de ser vigente la ley de transitoriedad.

Máxima continuidad posible

Con la vista puesta en la seguridad jurídica, el texto prevé la continuidad de la legislación vigente hasta ahora excepto en lo que contravenga al proceso de independencia, ya que será la Generalitat la máxima administración con competencias en Cataluña en cualquier ámbito, sucediendo a la administración estatal. Los cambios futuros en normativas españolas ya no serán de aplicación en Cataluña, pero sí las modificaciones de las normas europeas. Asimismo, la administración catalana seguirá el Derecho y tratados internacionales.

República catalana

La proposición de ley se denomina de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, y mientras no haya nueva Constitución, el presidente de la Generalitat asume también el rol de jefe de Estado.

Funcionarios estatales

El texto contempla la continuidad de los funcionarios que ahora trabajan para la administración del Estado en Cataluña en las mismas condiciones, pero pasando a trabajar para la administración catalana, a no ser que renuncien a su plaza. Además, se requerirá la nacionalidad catalana para los puestos de trabajo de "impliquen el ejercicio de poder público y la salvaguarda de intereses generales". Las disposiciones que deberán desarrollar esta ley también pretenden que el personal del Estado español que preste sus servicios fuera de Cataluña y tenga nacionalidad catalana pueda solicitar su integración en la administración de la Generalitat.

Nacionalidad catalana

Obtendrán la nacionalidad catalana todos los ciudadanos con nacionalidad española empadronados en Cataluña a 31 de diciembre de 2016, los nacidos en Cataluña y aquellos que tenga algún progenitor catalán, como principales supuestos. Los extranjeros que acrediten cinco años de residencia legal y continuada también podrán pedir la nacionalidad catalana. La atribución de la nacionalidad catalana no exigirá la renuncia a la española.

Nuevo sistema judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pasará a ser el Tribunal Supremo, y el Consejo de Garantías Estatutarias será el Consejo de Garantías Democráticas y sus dictámenes serán vinculantes. Todos los casos catalanes en trámite actualmente en tribunales del resto de España pasarán a la jurisdicción catalana si todavía no tienen sentencia firme. El Fiscal general de Cataluña lo nombrará el Parlament a propuesta del Govern.

Rupturistas sin cargos

Los juzgados anularán los procesos penales contra "investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta".

Prestaciones

La Ley de Transitoriedad reconoce el derecho a percibir prestaciones sociales públicas y a la protección social, incluyendo la pobreza energética y el riesgo de exclusión por falta de vivienda. También reconoce los periodos de cotización a la seguridad social acumulados en Cataluña y en otros Estados según las normas internacionales.

Acuerdos con el Estado

La Generalitat intentará alcanzar acuerdos con el Estado en materias como contratos, convenios, personal, y derechos y obligaciones económicos y financieros.