El Confidencial

La ley de transitoriedad jurídica -que es una de las tres leyes de desconexión del Estado, junto a la de Hacienda pública y la de Seguridad Social catalana- define Cataluña como una "República de derecho, democrática y social".

La CUP 'aprieta' y gana

De esta manera, la CUP consigue una de sus mayores reivindicaciones, que Cataluña sea una República independiente, un logro que da un impulso importante al proceso de secesión. Tal y como publicó El Confidencial el pasado mes de octubre, los anticapitalistas exigían que "el programa y el calendario" del despliegue de todas las herramientas para dar luz verde a la desconexión con España se hicieran efectivos en el primer trimestre del 2017.

Con un Govern con las manos atadas ante la amenaza de perder la mayoría parlamentaria, la CUP ha logrado apretar aún más al Govern, que prevé celebrar el referéndum de independencia en septiembre de 2017. A la espera de que los Presupuestos presentados por Oriol Junqueras el pasado mes se aprueben en el primer trimestre del próximo año, en ellos los 'cuperos' han logrado incluir una partida para la consulta soberanista de 5,8 millones de euros, así como unadisposición adicional en la que se exhorta al ejecutivo a organizar "un proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria".

Impugnación del Tribunal Constitucional

Las fuerzas independentistas han evitado revelar aún el contenido del texto acordado, conscientes de su previsible impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC), que el pasado viernes anuló la creación de las tres ponencias conjuntas del Parlament impulsadas por JxSí y la CUP para elaboran las tres leyes de desconexión, al estimar los recursos de amparo presentados por Ciudadanos y el PSC.

Lo único que han facilitado los dos grupos son los nueve epígrafes en los que se articula la ley: el preámbulo; disposiciones generales, nacionalidad y territorio (I); la sucesión de ordenamientos y administraciones (II) y los derechos y deberes (III). Además, también contempla el sistema institucional (IV); el poder judicial y la administración de justicia (V); las finanzas (VI); referéndum de independencia (VII); el proceso constituyente (VII) y las disposiciones finales y de inaplicación (IX).

Los dos partidos añaden una breve declaración en la que afirman que esta ley persigue "la voluntad de garantizar la máxima seguridad jurídica en la transición a la República, una vez ganado el referéndum por la independencia". En resumen, añaden, la ley "dota y habilita las instituciones públicas catalanas de las herramientas para el ejercicio de la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana".

La ley de transitoriedad jurídica es la tercera de las leyes de desconexión: las otras dos, la que crea una hacienda propia catalana y la que crea una agencia de protección social, ya han sido presentadas y admitidas a trámite.

Es la más destacada porque tiene que servir para hacer efectivos dos puntos clave de la hoja de ruta soberanista: la celebración del referéndum y la desconexión definitiva entre Cataluña y el resto del Estado. Los dos partidos independentistas tienen previsto tramitar esta norma como una proposición de ley firmada por los dos grupos, y harán público su contenido cuando la lleven al registro de la Cámara, para lo que por ahora no hay fecha.