La efeméride del #25N coincide este año en España con el anuncio de un principio de acuerdo para promover un pacto de estado con la hoja de ruta para erradicar la violencia de género. Esta lacra la padecen alguna vez en su vida al menos 2,5 millones de españolas, y siete de cada diez no lo denuncian, pese a que 60 de ellas son asesinadas cada año. El Congreso de los Diputados se ha dado medio año de plazo para, a través de una subcomisión de violencia de género, identificar las deficiencias del sistema en el reto de proteger a las mujeres de toda violencia por razón de género. 20minutos ha consultado con víctimas, judicatura, expertos, oposición, sindicatos y organizaciones feministas para que compartan sus ideas sobre las reformas legales y administrativas más urgentes en esta lucha. 01. Ampliación del concepto de violencia de género: Una de las principales reivindicaciones afecta al concepto mismo de violencia de género. Es unánime la petición de que constituya violencia de género también la ejercida fuera de la pareja. Así lo establece el Convenio de Estambul (en vigor desde 2014), que tipifica como delito toda conducta violenta sobre la mujer por razón de su género. Del pacto de estado se espera que acoja como beneficiarias de medidas de protección integral contra la violencia de género también a las prostitutas víctimas de trata y a las mujeres que sufran agresiones sexuales, mutilación genital, cualquier tipo de acoso, así como matrimonios, aborto y esterilización forzosos o sexting. 02. Reformas legislativas: El observatorio de violencia de género del órgano que gobierna a los jueces, el CGPJ, lleva tiempo solicitando que el poder legislativo suprima la dispensa de la obligación de declarar contra su cónyuge o pareja de las víctimas de violencia de género, porque su testimonio representa en demasiadas ocasiones la única prueba del delito. Además, también se pide que el acuerdo saliente suprima el atenuante de confesión del maltratador en este tipo de delitos por su gravedad. También hay consenso en legislar la prohibición de indultar a los agresores. Las víctimas piden campañas que informen sobre cómo empieza el maltrato, sobre las señales sutiles que hacen que se caiga en relaciones abusivas y que se enseñe a romper el silencio 03. Agravante delictivo por razón de género: Las expertas consultadas reclaman más medios para investigar si concurre agravante de discriminación por razón de género en cualquier delito, una novedad de la reforma del código penal de 2015. Es decir, si son cometidos con la intención de dominar y/o discriminar. De esta manera, los delitos probados recibirían condenas en la franja más alta de las penas medias también en sentencias por casos de acoso laboral, robo, estafa o agresiones sexuales en las que se pruebe este agravante. 04. Asistencia sin denuncia: Las estadísticas oficiales hablan de que se producen 700.000 casos de violencia de género al año, de los que se denuncian unos 129.0000. Las expertas creen que la protección de las víctimas sería más eficaz si fuera posible acceder a los recursos de asistencia para maltratadas sin tener necesariamente que denunciar previamente. Consideran que si reciben asistencia, después irán más asesoradas a interponer su denuncia. 05. Acompañamiento judicial: Denunciar el maltrato, el acoso, las agresiones sexuales o la discriminación y afrontar un juicio con el agresor delante son dos de los pasos más difíciles que tienen que dar las mujeres que sufren violencia machista, explican ellas mismas. "Declarar en tu propio juicio hace que te entre gran estrés postraumático. Yo misma, que soy capaz de dar charlas delante de mil personas, en mi juicio me ponía a llorar y a temblar", reconoce la superviviente, Ana Bella. A los expertos también les preocupa la renuncia de mujeres al proceso judicial. Solo este año, cinco de las mujeres asesinadas por sus exparejas habían retirado denuncias de maltrato previas. Por eso, las partes implicadas reclamarán que se incluya en el pacto de estado un plan de unidades de acompañamiento, para que las mujeres acudan al sistema judicial "asesoradas y seguras", algo que consideran "fundamental". 06. Valoración del riesgo: Las estadísticas oficiales de 2016 revelan que un elevado porcentaje de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año (el 41%) habían presentado denuncia contra los que las mataron. Este hecho lleva a solicitar "una vuelta de tuerca" más a los recién actualizados protocolos de valoración del riesgo (viogen). Las partes consultadas coinciden en que detectar el riesgo de una nueva agresión es complicado, pero no comprenden que las mujeres a las que se les asigna "riesgo bajo" solo reciban una llamada telefónica de seguimiento, mientras a su agresor no se les impone medida alguna. La oposición reclamará que el cuestionario del protocolo recabe también información social y forense de la víctima, no solo la policial. 07. Medidas de protección: En provincias como Barcelona o Madrid, la mitad de las mujeres que acuden al juzgado a denunciar salen por la puerta si ningún tipo de medida de protección. Por esta razón, al pacto de estado se le reclamará garantías de una mayor protección a las denunciantes. Los expertos consideran, por ejemplo, que se ponen menos pulseras de localización a los agresores de las que se debería. Las asociaciones de víctimas pedirán también que se eleve la vigilancia cuando una mujer renuncia a su orden de protección "porque no lo hacen voluntariamente, sino que sufren de dependencia emocional", sostienen. 08. Permisos e inserción laboral: Las víctimas reivindicarán que las casas de acogida no sean meros centros de estancia temporal, sino que sirvan para la transformación de las "víctimas en supervivientes", evitando que caigan en la exclusión tras denunciar a sus ex. También pedirán que no se dé por sentado que las maltratadas solo pueden ejercer "de limpiadoras o de cocineras" y se abran canales de inserción laboral "de prestigio social y económico". Los sindicatos reclamarán a su vez permisos retribuidos que garanticen su independencia y el cuidado de sus hijos. Garantizar la protección de las víctimas pasa por permitir el acceso a los recursos sin denuncia previa 09. Menores: ONG especializadas asistencia a la infancia denuncian que a los menores les sigue faltando información sobre los mecanismos de denuncia, pese a lo cual aumentan un 27,7%  las denuncias de violencia machista que les afectan directamente. Además de campañas formativas e informativas, reclaman reformas de la judicatura en relación su trato a los niños y niñas. Consideran que el sistema no se adapta a la infancia como reclama el Consejo de Europa. También piden a los actores jurídicos que adapten su lenguaje técnico y que se les tome en cuenta en los procesos que les atañen. En el caso de los huérfanos menores de edad (150 niños y niñas desde que el Ministerio de Sanidad lleva la cuenta, 2013), las partes denuncian dificultades de las familias a la hora cobrar la ayuda por orfandad "por falta de años de cotización de sus progenitores" y reclaman al pacto de estado la máxima protección: "Hay que echar el resto con estos niños, no solo en su asistencia sanitaria, sino con indemnizaciones para que su integración y recuperación sea total", dicen. "No puede ser que el Estado les retire las becas de estudio por no ser capaces de mantener buenas notas cuando han perdido a sus madres", denuncian. Por eso reclamarán la moratoria con relación a la nota para los menores becados "hasta que normalicen su vida". 10. Formación especializada: Incluso el Consejo General del Poder Judicial es consciente de la necesidad de invertir en formación especializada de todos los agentes que trabajan directamente con las víctimas de la violencia contra la mujer. Un caso que ilustra esta carencia lo relata Ana Bella, superviviente y presidenta de fundación que lleva su nombre: "Hace una semana una mujer fue a denunciar que sufría malos tratos con el brazo en cabestrillo por una agresión que sufrió de su expareja después de llevar dos años y medio separada. La agente que la atendió le recomendó que no denunciara a su agresor, porque eso haría que él perdiera su trabajo y ella no podría cobrar la pensión por el hijo en común". Otra demanda en este terreno es que todas las demarcaciones cuenten con agentes especializados en violencia de género en sus comisarías y cuarteles de la guardia civil. 11. El maltratador: El observatorio del órgano judicial pide el cumplimiento íntegro de las penas y, en determinados casos, se plantea reclamar la imposición de prisión permanente revisable. Las víctimas exigen que los medios de comunicación incidan en la condena de sus conductas y que se les exponga más que a las víctimas. Otros actores sugieren trabajar las masculinidades para que los hombres rechacen el machismo. "Si no te posicionas en contra, te posicionas para que siga todo igual", lo justifican. Piden que la violencia de género no se circunscriba a la pareja 12. Reparación del daño: En delitos como el terrorismo, el Estado repara el daño causado a las víctimas con indemnizaciones. Esto mismo exigirán para las mujeres víctimas de violencia machista. Las expertas lamentan que no haya ayudas a las mujeres ni siquiera cuando el fallo que motivó su crimen fuera culpa directa del funcionamiento de la justicia o de la labor de las fuerzas de seguridad del Estado. "La reparación del daño es la única manera que tiene el Estado de pedir perdón", recuerdan. Y citan el caso de Ángela Carreño, la mujer que perdió a su hija asesinada por su expareja y a la que la ONU dio la razón en su denuncia de que múltiples fallos institucionales y jurídicos habían permitido el asesinato de la menor. Naciones Unidas pidió al Gobierno español resarcir el daño causado a Carreño, algo que ha quedado descartado. 13. Comunidades Autónomas y los ayuntamientos: El pacto de estado debe incluir a las Comunidades Autónomas, porque de ellas dependen la asistencia social, sanitaria u psicológica de las víctimas. Además reivindicarán la financiación de unidades de atención a mujeres maltratadas en los Ayuntamientos, ya sea a través de centros de la mujer o de servicios sociales. En los últimos años, los municipios han cerrado nueve de cada diez oficinas de asistencia a mujeres. Esto supone, dicen, desatender precisamente a las que no se atreven a denunciar en un juzgado. Reclamarán que el Estado indemnice a las víctimas de la violencia machista en concepto de reparación del daño14. Agresiones sexuales: Los expertos reclaman una mayor y mejor atención a las víctimas en los casos de agresiones sexuales, para evitar la doble victimización. Lamentan, por ejemplo, que fallos jurídicos obliguen a las víctimas a tener que volver a declarar, como recientemente ha ocurrido en el caso que juzga la violación múltiple a una joven en los últimos sanfermines de Pamplona. 15. Educación en igualdad: Más del 70% de los casos de maltrato no se denuncian y ese desequilibrio motiva la demanda de una estrategia educativa contra estas violencias. Los expertos reclamarán a la subcomisión del Congreso que se introduzca la formación en igualdad en el sistema educativo. Los sindicatos plantean mejorar la formación de los profesores para detectar posibles casos de maltrato en las aulas y que en el currículum haya material lectivo sobre la igualdad, sobre los mitos del amor romántico y la violencia de género ajustados por niveles, desde educación infantil hasta la universidad. 16. Campañas: El 44% de las maltratadas reconocen que no denuncian "porque no creen que sea importante, porque no reconocen las señales de alarma o por miedo". De ahí que vean necesario reforzar las campañas informativas a través de los medios de comunicación. Los integrantes del pacto exigirán transparencia al Gobierno para garantizar un reparto de campañas proporcional a las audiencias. Otras expertas señalan la importancia del uso de las redes sociales para llegar a las víctimas jóvenes y adolescentes para contrarrestar el fenómeno, por ejemplo, del acoso mediante el uso de las nuevas tecnologías. Las víctimas piden campañas nuevas que informen sobre cómo empieza el maltrato, sobre las señales sutiles que hacen que se caiga en relaciones abusivas y que se enseñe a romper el silencio. 17. SAP y custodias: En España sigue habiendo jueces que retiran las custodias a las madres en virtud del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) pese a que este criterio no está reconocido oficialmente. La última guía del CGPJ, recientemente actualizada, aconseja a los jueces no utilizarel SAP, alegando que el propio Tribunal Supremo lo rechaza como argumento legal. En el pacto de estado se intentará reforzar el mensaje por considerar el SAP "un despropósito". También se pedirán medidas encaminadas a reforzar la premisa de que un maltratador no puede ser un buen padre, de cara al régimen de visitas y de supresión de la patria potestad, en interés del menor. Entre otras cosas pedirán cambios legales para evitar "que los hijos de las maltratadas en casas de acogida para recibir terapia psicológica tengan que tener el permiso al padre". 18. Financiación: Todos los consultados coinciden en la importancia de que se incluya una partida presupuestaria acorde a los objetivos que se persiguen. Si no es así se corre el riesgo de que todo se quede en mera declaración de intenciones, sostienen los especialistas. En concreto, lo que se pretende es que todos los ministerios implicados elaboren unas fichas específicas que permitan evaluar la inversión real en la lucha contra la violencia contra las mujeres. En el pacto se insistirá en dotar de recursos suficientes a  prevención y asistencia de las víctimas, así como a reforzar el funcionamiento de las unidades de coordinación y de violencia sobre la mujer. Pedirán que se incluya una partida presupuestaria acorde a los objetivos que se persiguen 19. Pacto contra el machismo: El exdelegado del Gobierno de Violencia de Género, Miguel Lorente, critica el enfoque "demasiado finalista" en el abordaje de la violencia de género, atendiendo solo los casos que se denuncian, lo cual califica de "limitado". A su juicio, se hacen malos diagnósticos y el modelo de intervención deja que desear. Si de él dependiera lo que trataría de instaurar, más que un pacto de estado contra la violencia de género, sería un "pacto de estado contra el machismo", entendiendo que la violencia de género es el machismo con resultado de muerte, pero que también está presente en la violencia simbólica, en la discriminación y en toda desigualdad. Lorente cree que habría que atajar desde el piropo, al chiste verde pasando por la imagen de la mujer que proyectan los medios de comunicación social.  Y pide a la sociedad un rechazo y una persecución de todo el machismo.  20. Evaluación y seguimiento: Las distintas partes consultadas consideran que puede fructificar una batería de medidas de mínimos y que irremediablemente habrá que firmar "un pacto vivo", porque con el tiempo aparecen situaciones a las que habrá que dar respuesta. La mesa de seguimiento jugará un papel clave de cara a solventar las disfunciones que surjan una vez al año y el pacto tendrá que ser evaluado, de forma integral, cada cinco años. En este reportaje han querido colaborar: Marisa Soleto (Fundación Mujeres), Ángeles Carmona (Observatorio judicial de la violencia de género), Ana Bella (Fundación Ana Bella), Ángeles Álvarez (diputada de la comisión de Igualdad del PSOE), Catalina Perazzo (Save the Children), Cristina Antoñanzas (UGT) y Miguel Lorente (exdelegado del gobierno para la Violencia de Género).