Victor Ruiz de Almirón/ABC

Las banderas de la socialdemocracia están por los suelos. Francia o Reino Unido son ejemplos de como los partidos socialistas tradicionales buscan salidas ante sus malas perspectivas electorales. Recetas que en estos países han derivado en un giro a la izquierda y en las elecciones por las bases de Benoit Hamon (Francia) y Jeremy Corbyn (Reino Unido). Líderes que se han referido con simpatía hacia Podemos.

Pero la gestora del PSOE que pilota Javier Fernández quiere poner el socialismo español en un rumbo que no asuma de forma acrítica y acomplejada las recetas populistas. Tratando a la vez de hacer compatible su actual relación con el PP con presentarse como su alternativa natural. La gestora prepara el Congreso del próximo mes de junio con la incertidumbre de conocer quién será el próximo líder del partido. Por eso, la actual dirección se afana en presentar una hoja de ruta asumible por cualquiera de los candidatos al liderazgo.

Pero el volantazo ideológico impreso por Pedro Sánchez y su pretendido acercamiento a Podemos están muy presentes. Y quieren ser combatidos por la gestora. Por eso Javier Fernández tejió ayer las líneas básicas que deben vertebrar el nuevo programa socialista. En la inauguración del foro «España 2020: una economía sostenible social y ambientalmente» insistió en la necesidad de plantear una oferta política con «credibilidad» y reclamó «políticos alejados del populismo, la demagogia y la simplificación». Fernández planteó la necesidad de plantear propuestas ciertas y serias «que sean verdad» porque «no hay soluciones fáciles para asuntos difíciles».

Hernández reivindicó un espacio propio entre el PP y Podemos. Aunque en su discurso evitó las alusiones concretas, el espíritu estaba claro. Fernández reivindicó «la superioridad ética y cultural de la socialdemocracia» pero «también en su reformulación». Así explicó Fernández el mix económico que debe seguir el PSOE: «Tanto mercado como sea preciso y tanto Estado como sea necesario».

El presidente de la gestora ha considerado que «lo económico no puede abstraerse de la realidad» y que su reclamo del papel del Estado se justifica en la necesidad de «prevenir los riesgos de la innovación financiera» porque «no creemos en la autorregulación de los mercados como si se tratara de una ley natural». Pero a la vez ha dejado claro que su reivindicación del Estado pretende «buscar la igualdad, no el igualitarismo».

Las líneas básicas de esa ponencia son por ahora muy poco concretas, pero tiene tres ejes fundamentales: un nuevo marco de relaciones laborales que recupere la negociación colectiva y suba los salarios, un aumento de los ingresos mediante una reforma fiscal y una apuesta por la transición energética y contra el cambio climático.

Pinceladas de las medidas

En lo relativo a la reforma laboral la ponencia económica alumbrada ayer no habla de derogar la reforma laboral. Algo que sí hizo el PSOE en sus programas electorales y que Sánchez incorporó la pasada semana en su agenda económica. Sí critica el texto la reforma laboral, de hecho acepta el principio de que es necesaria «una regulación laboral que permita a las empresas adaptarse a un entorno cambiante y más competitivo». El PSOE establece que su prioridad «a corto plazo» es «recuperar el nivel de los salarios de 2011 que permita aumentar la recaudación del impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales 10.000 millones de euros». Plantea también robustecer las políticas activas de empleo.

La propuesta de la gestora no habla de renta básica, pero si de la propuesta de ingreso mínimo vital: «Si pese a los planes de inversión pública, las políticas activas de empleo y la recuperación de derechos laborales aún hay personas que no pueden incorporarse al mercado de trabajo y alcanzar un nivel de ingreso suficientes, los socialistas no dejaremos a nadie a su suerte. Apostamos por un ingreso mínimo vital, manteniendo la cobertura de otras prestaciones cuando estas se hayan agotado, sin que ello impida la búsqueda de empleo en condiciones dignas de quienes estén en condiciones de incorporarse al mercado de trabajo».

En lo referente a la fiscalidad, la gestora plantea como único objetivo aumentar los ingresos, y para ello plantea una reforma fiscal centrada en la reordenación de tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. Apuesta por «la redistribución de la carga tributaria y reducir el excesivo peso de la recaudación sobre los salarios y establecer una adecuada armonización fiscal en los tributos cedidos para evitar que una carga tributaria asimétrica», para evitar que la actual situación «pueda condicionar el lugar de residencia de personas o empresas, deben estar entre los objetivos futuros».

El tercer eje es la sostenibilidad. Introduce una especial preocupación por el agua-«la inversión en desalación en la costa reduce el riesgo de escasez»- hasta el punto de plantear la creación de un reguladir y un plan que lo convierta en «un bien protegido por parte de la administración, garantizando su uso racional, la eficacia del sistema y la garantía de suministro y la sostenibilidad». En lo relativo a la transición energética apuesta por aumentar la inversión en renovables, eliminar el impuesto al sol para favorecer el autoconsumo y pide un plan para la reindustrialización de las cuencas mineras.