El Govern y la CUP están más cerca de cerrar un pacto de presupuestos, ya que han alcanzado un principio de acuerdo respecto al paquete de impuestos que deben modificarse (al alza). Aunque los anticapitalistas todavía deben someter a votación de sus asambleas territoriales estos acuerdos, los negociadores de la CUP dan por buenas las medidas que permitirán, entre otras cosas, aumentar la presión fiscal sobre las grandes riquezas, sobre los titulares de propiedades de lujo que usan sociedades para sufrir menos impuestos y sobre la compraventa de viviendas de alto standing. A estos gravámenes se añadirán otros sobre las bebidas azucadaras, sobre las centrales nucleares y sobre grandes establecimientos comerciales.

Todo ello no significa que el pacto de presupuestos entre el Govern y la CUP sea definitivo, pero sí que permite intuir con claridad que al menos el primer trámite en el Parlament (el debate a la totalidad) se superará, a diferencia de lo que ocurrió en el primer curso de la legislatura, cuando no hubo presupuestos.

Las distintas territoriales de la CUP mantendrán asambleas entre hoy y mañana para debatir el contenido del documento acordado entre los negociadores del departamento de Economía de la Generalitat y los de la propia formación antisistema. Será el sábado cuando el Consejo Político de la CUP adopte una decisión firme a este respecto.

Ambas partes quisieron mantener discreción sobre las negociaciones y evitaron cruzar declaraciones públicas para permitir que su principio de acuerdo siga madurando y alcance otros aspectos como la partida necesaria para costear el referéndum de autodeterminación.

El Govern, en todo caso, sí que ha manifestado públicamente que las conversaciones están avanzando y que confía en cerrar un acuerdo total a lo largo de este mes de noviembre para poder aprobar el proyecto a principios de 2017.

Tan siquiera la creciente tensión que la CUP está denunciando en los últimos días por las actuaciones de los Mossos d’Esquadra provoca zozobra en el Govern, que está convencido de que estas protestas por la detención de la alcaldesa de Berga y por los informes sobre quiénes queman fotos del Rey no afectarán a la negociación presupuestaria.

Los acuerdos alcanzados se plasmarán en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2017 e incluirán la nueva versión de dos impuestos cuestionados por el Tribunal Constitucional (TC): el impuesto a las nucleares –que el Govern espera que aporte 60 millones– y el de grandes establecimientos comerciales, con el que se deberían recaudar unos 15 millones. La nueva versión de este último impuesto incluirá a los centros comerciales, los concesionarios y las tiendas de muebles, así como a los supermercados y establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados ubicados fuera de la trama urbana, que actualmente están exentos del gravamen.

Quedarán por resolver, no obstante, varios capítulos del proyecto general de presupuestos.

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