La puesta en marcha de una subcomisión parlamentaria es un hecho más que probable, pero el Ejecutivo sigue sin compartir el modelo socialista que plantea una federalización del actual Estado de las autonomías para encajar el problema catalán. Sáenz de Santamaría, también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, compareció para presentar su programa de gobierno, y en su debate con los portavoces de los grupos reclamó al del PSOE que aclare qué modelo quieren, si es un federalismo simétrico o uno asimétrico.

En este sentido, Ferraz tiene intención de presentar en próximas semanas una iniciativa para poner en marcha la reforma de la Constitución de 1978, empezando por encargar a expertos la redacción de un informe con propuestas y sugerencias que más adelante pasarían a debatirse en el Congreso.

El portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Gregorio Cámara, avanzó que su idea es crear una subcomisión de estudio que recabe la opinión de expertos, que pida los correspondientes informes a los órganos constitucionales y escuche la opinión de las comunidades autónomas y las ciudades con estatutos de autonomía. Con esas opiniones, la subcomisión deberá iniciar «con carácter inmediato» un proceso de diálogo y de búsqueda de los acuerdos necesarios para delimitar los aspectos compartidos para la reforma constitucional.

La «número dos» del Gobierno ratificó su apuesta por potenciar los órganos de cooperación multilateral, especialmente la Conferencia de Presidentes, revisando su alcance institucional y dotándola de una agenda y de una periodicidad. Éste es el marco en el que ahora el Gobierno quiere centrar la negociación territorial, incluido el problema de Cataluña, es decir, fuera de la demanda de un trato de «tú a tú» que exigen los nacionalistas. El portavoz nacionalista vasco, Mikel Legarda, se desmarcó de esos foros, porque sólo sirven para que el Estado se configure en forma de comunidad autónoma y «nosotros nos visualizamos como una nación». Pero Santamaría insistió en que el mejor lugar para establecer marcos de comunicación y coordinación es la Conferencia de Presidentes, como órgano al máximo nivel y dentro del máximo respeto a las Cortes. Sin perjuicio de que la vicepresidenta también expresó ayer su decisión de buscar una salida a la litigiosidad entre el Estado y las comunidades autónomas en el marco de las comisiones bilaterales, como ya se ha hecho en otras etapas. No es un mecanimos nuevo y es, de hecho, la salida que han ofrecido al PNV, y también a Cataluña, para resolver la conflictividad acumulada en el Constitucional.

El Gobierno también aprobará antes de finales de abril el plan normativo con las leyes que elevará al Parlamento al año siguiente. Ese plan se remitirá a las Cortes y posteriormente se publicará en el Portal de la Transparencia.

Los representantes de ERC y de la antigua Convergéncia hicieron oídos sordos a los guiños del Gobierno al diálogo, a reducir la litigiosidad potenciando las conferencias sectoriales y las comisiones bilaterales o a debatir incluso la viabilidad de una reforma constitucional, con todas las prevenciones a las que apela el Ejecutivo de Rajoy ante la apertura de este camino. Los gestos de la vicepresidenta chocan con el muro de la realidad independentista: no hay alternativa a la secesión, según la hoja de ruta que ratificaron ayer. Así, durante el debate despreciaron los datos sobre la descentralización del Estado español que ofreció la vicepresidenta, quien citó un informe de la OCDE o los balances del Banco de España, que aseguran que nuestro país tiene uno de los sistemas fiscales más descentralizados del mundo. También desoyeron su oferta de «diálogo sincero» y la propuesta de rebajar los litigos a cambio de lealtad institucional.

«Ni descentralización ni puñetas», le espetó el portavoz del PDECat, la antigua Convergència, Francesc Homs. Quien también negó credibilidad a su discurso. En su cara a cara con Santamaría no hizo ninguna alusión directa al referéndum que prevé celebrar el Gobierno catalán, pero sí lo había hecho antes en unas declaraciones a los periodistas. «Si alguien piensa que la cuestión catalana es resoluble sin pasar por las urnas hace un mal diagnóstico», sentenció, dando un portazo a la oferta de negociación que le ha traslado el Gobierno central. En Comú Podem defendió la idea de que el Estado autonómico está agotado, y también Albert Rivera, desde un razonamiento absolutamente diferente, abogó por actualizar y modernizar la Constitución. «O reformamos o morimos», sostuvo el líder de Ciudadanos.